El Partido Comunista de España en Extremadura llama al pueblo a retomar la lucha por la Reforma Agraria que permita repartir las tierras para generar empleo y producir alimentos de calidad. La Reforma Agraria es el mejor arma para hacer frente al colapso ecológico que se nos avecina, es una forma de dar una oportunidad al productor local y al modelo de comercio de cercanía. Repartir las tierras en el Siglo XXI es un modo razonable y accesible de garantizar la soberanía alimentaria que nos permitiría alimentarnos con productos saludables y de cercanía frente al actual modelo agrario globalizado que no alimenta a la población y que, de la mano de un proceso intensivo de mecanización, propiedad y producción, prescinde del trabajo humano, condenando al paro y obligando a emigrar a la población.
Extremadura tiene las dos provincias más extensas del país que ocupan los primeros puestos en riesgo de pobreza y desigualdad social. En la región, cerca de 90.000 personas se ven obligadas a recurrir a la ayuda alimentaria para las personas más desfavorecidas que reparte el Estado a través del FEGA. Según el último informe AROPE, el 44,3% de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el dato más elevado del país, y el 38,8% tiene una renta inferior al umbral de la pobreza.
Mientras aumentan las colas del hambre, la burguesía y la aristocracia han seguido acumulando y acaparando tierras hasta convertir Extremadura en la región más desigual de toda Europa. El latifundismo está en la raíz del subdesarrollo y la dependencia de Extremadura. Tiene un vínculo muy estrecho con el paro y la emigración, que en Extremadura se ha convertido en una especie de ritual generacional. El latifundio es el resultado de un largo proceso de expropiación y explotación del campesinado y las clases trabajadoras. Comenzó con los repartos realizados a favor de la nobleza en los territorios conquistados a partir del siglo XIII y se vio favorecida por la desamortización civil y eclesiástica realizada en el Siglo XIX en condiciones tales que se favoreció la acumulación de las tierras en manos de un reducido grupo de propietarios absentistas.
La región tiene 163 fincas de más de mil hectáreas. Por poner unos ejemplos; la mayor finca de España se encuentra en Extremadura, en el término municipal de Alía, Cáceres. Se trata de la finca Valdepuercas, 18.000 hectáreas dedicadas a la actividad cinegética, propiedad del magnate vasco del acero José María Aristraín, una de las mayores fortunas del país que se encuentra en proceso judicial acusado por la Abogacía del Estado de defraudar a Hacienda 210 millones de euros. Otra de las mayores fincas del país ocupa 8.300 hectáreas en el término municipal de Valencia de la Torres (Badajoz). Es la finca Quintos de San Martín, popularmente conocida como La Rusal, propiedad del jeque Mansour bin Zayed, miembro de la familia real de Abu Dabi, dueño -además- del Manchester City Football Club. Podemos encontrar otros ejemplos en la geografía extremeña, como la finca Azagala, propiedad de Alonso Álvarez de Toledo, Marqués de Valdueza, que cuenta con 7.000 hectáreas en el término municipal de Alburquerque (Badajoz) o la finca Valero, con 4.850 hectáreas (1.350 en pleno Parque Nacional de Monfragüe), que es propiedad de Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, Marqués de Cubas, heredero del Duque de Montellano. La lista es amplia y todos tienen un común denominador: ricachones que jugando a ser terratenientes acaparan tierras sin importarles que no produzcan beneficios para la sociedad.
Para el PCE esta situación ha llegado a su límite. No se puede seguir consintiendo en la región que miles de personas tengan que recurrir a la ayuda alimentaria mientras se dedican miles y miles de hectáreas a fincas de recreo de señoritos. Por ello los y las comunistas de Extremadura saludan al Congreso sobre la Reforma Agraria organizado por la Asociación 25 de Marzo y llaman a participar para poner las bases de la lucha por el reparto de la tierra.
