Fue en 2018 cuando en Extremadura se aprobó la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Un buen texto fruto del trabajo del movimiento memorialista cuyo recorrido hasta el día de hoy ha sido nulo debido a la omisión de unos y la acción de otros y que puede ser derogada a petición de la ultraderecha.
Para el Partido Comunista de España en Extremadura, organización que sufrió directamente la dura represión del régimen franquista pagando su militancia con años de cárcel, tortura y exilio, todos los partidos del régimen son culpables del fracaso de esta ley, es decir del PSOE, PP y Vox.
Desde el PCE se quiere recordar que cuando se aprobó en la Comunidad Autónoma gobernaba el PSOE, partido que obtento el poder hasta 2023. Durante esos años, pese a está en vigor, no fue regulado reglamentariamente el procedimiento indemnizatorio a las víctimas de la represión franquista, reglamento que debiera haber quedado concluido antes del 24 de julio de 2020.
Ni se constituyó el Comité Técnico para la retirada de vestigios franquistas (cuya fecha límite era el 24 de enero de 2020), ni se procedió a la retirada completa de vestigios franquistas, ni se creó el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura o el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura (con constitución prevista antes del 24 de julio de 2019).
Tampoco se desarrolló el reglamentario de algunos asuntos como, entre otros, el censo de víctimas; las intervenciones en fosas comunes; la recuperación, identificación y traslado de restos; preservación de fosas; el reconocimiento y reparación a las víctimas; el Día de Homenaje y recuerdo a las víctimas; las medidas protectoras y cautelares en Lugares de Memoria o el régimen de organización y funcionamiento del Consejo de Memoria Histórica y Democrática. Vamos que nunca se aplicó la Ley.
Llega 2023 y cambia el color de los gobernantes de la Junta de Extremadura, pero siguen con la misma idea: Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura no se va a aplicar. Una vez más el PSOE y el PP comparten ideas y acción de gobierno. Pero el PP depende de la ultraderecha y esta exige derogarla.
Para el PCE simplemente se cierra el círculo. La pata izquierda del régimen permitió que saliera adelante una Ley que nunca iba a desarrollar, y la pata derecha del mismo régimen se debate entre seguir actuando igual o complacer a la sedienta reacción que aún tiene añoranza de los tiempos en los que está tierra era un cortijo de señoritos, caciques y terratenientes.
