El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la rescisión del contrato de adjudicación del transporte sanitario de la región con la empresa sevillana Ambulancias Tenorio, y se lo ha dado a Ambucoex, un consorcio formado por empresas extremeñas del sector sanitario y del transporte por carretera, que se hará cargo del servicio hasta el próximo otoño, cuando cumple el contrato actual y se sacará una nueva licitación.

El balance de estos años con Ambulancias Tenorio no puede ser más lamentable; incumplimiento generalizado y reiterado del pliego por parte de la empresa, 9 ambulancias que han salido ardiendo debido al estado lamentable en el que se encuentran los vehículos y su falta de mantenimiento, agresión sistemática a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y una bajada manifiesta de la calidad del servicio que han pagado miles de extremeños y extremeñas usuarios de este servicio.

Pese a la gestión manifiestamente deficitaria que ofrecía esta empresa, la Junta de Extremadura ha tardado 3 años en reaccionar ocasionando un prejuicio a las personas que han tenido que usar este servicio. El Partido Comunista de España (PCE) en Extremadura denuncia que la solución que ha buscado la administración regional que consiste en rescindir el contrato a una empresa para dársela a otra es solo un parche que no soluciona el grave problema que arrastra el transporte sanitario de la región.

Los y las comunistas de Extremadura decimos alto y claro que la única solución posible para tener un transporte sanitario de calidad es la gestión pública y directa de este servicio por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES). Existen ejemplos de gestión pública de este servicio en el Estado como es el caso de Canarias o Baleares que demuestran que gestionar esta asistencia desde lo público aumenta la calidad debido a que se quita a la empresa intermediaria que dentro de la lógica capitalista solo busca su lucro.

Desde el PCE de Extremadura denunciamos que el PSOE de la región vuelve a optar por la privatización, demostrando una vez más, que todas las decisiones políticas que toman en la región tienen una visión empresarial de lo público, que en vez de fomentar la prestación de los servicios públicos, la entorpece y, en ocasiones como esta, hace un negocio de algo tan serio como es la atención sanitaria.