Los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, la concesión de un determinado caudal de agua y de utilización del tramo de río afectado mediante el conjunto de obras e instalaciones que permiten la generación de energía utilizando la fuerza del agua en una o varias centrales, son otorgados mediante concesiones del Estado, directamente o a través de las confederaciones hidrográficas.
En Extremadura la mayoría de estas concesiones se otorgaron entre los años cincuenta y setenta, en plena dictadura franquista, aunque hay algunos casos posteriores. Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, por lo general, al modelo de que, a cambio de las inversiones privadas hechas para la construcción de los saltos, la Administración otorgaba a los promotores una concesión de aguas con una duración de 75 años, sujeta a la condición de que al finalizar el plazo las instalaciones debían revertir al Estado.
En la región, la mayoría de la producción energética de las centrales hidroeléctricas está en manos de Endesa, con sede en Madrid, e Iberdrola, que declara los beneficios en Bilbao. La primera, heredera de la Compañía Sevillana de Electricidad, tiene una presencia mayoritaria en la provincia de Badajoz, con la Agrupación Guadiana de Endesa formada por siete centrales. En la provincia de Cáceres la mayor parte del negocio está en manos de Iberdrola, que cuenta con siete centrales hidroeléctricas que suman una potencia instalada de 1.971 megavatios.
Para la organización del Partido Comunista de España (PCE) en Extremadura, es inaudito que estas eléctricas se estén haciendo de oro a costa de unas concesiones adjudicadas por el anterior régimen, quedando demostrada una vez más la vinculación de la dictadura con las grandes corporaciones empresariales, destacando entre ellas las del oligopolio eléctrico. Tanto o más sangrante es que la producción energética realizada en estas centrales no genera ningún beneficio ni para la hacienda extremeña ni para las poblaciones afectadas. ¿Cómo podemos entender que la región exporte el 75% de su producción mientras que las personas más humildes de Extremadura tienen grandes dificultades o directamente no pueden acceder al suministro eléctrico?.
Desde el PCE denunciamos que todas esas centrales han sido amortizadas a lo largo de décadas y son de las más rentables para las empresas eléctricas, puesto que el singular sistema de retribución establece el mismo precio para la electricidad producida por las centrales más caras (ciclo combinado) que las más baratas (hidroeléctricas). Dicho de otro modo, pagamos siempre el precio más caro, aunque la mayor parte de lo consumido sea energía barata. Eso lo han utilizado las corporaciones para obtener enormes beneficios extraordinarios y alterar el precio de la electricidad, como han demostrado las reiteradas sanciones de la CNMC. Este es uno de los motivos por los que España es uno de los países de Europa con el precio más alto de la electricidad y explica el enorme interés de los inversores internacionales por las empresas eléctricas españolas.
Por ello, los y las comunistas de Extremadura exigimos que las administraciones públicas reclamen la gestión directa de los aprovechamientos hidroeléctricos de la región mediante una empresa pública que asuma la explotación de los recursos hídricos, lo cual permitiría a los extremeños y las extremeñas participar en el reparto de beneficios de la producción y distribución energética, opción que además incentivaría la transición energética en la comunidad y haría accesible a la ciudadanía de la región la participación en el nuevo modelo energético.
