El pasado miércoles 5 de octubre se publicó el anuncio en el Diario Oficial de Extremadura por el que se sometía a información pública la solicitud de autorización ambiental y estudio de impacto ambiental para la construcción de un vertedero con capacidad de 300.000 toneladas de residuos (entre ellas, 70.000 de residuos peligrosos), en una superficie de 89 hectáreas a 3 kilómetros de la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, con una vida útil prevista de 45 años. Se trataría del vertedero privado más grande de España. Se pretende trasladar todos los residuos industriales de Europa a Extremadura.

El tratamiento de residuos es hoy un problema a nivel global. Los países ricos generan grandes masas de basura derivada de su modelo de producción y consumo, se desentienden de ella vendiéndola a países pobres, que ganan dinero convirtiéndose en los vertederos del Primer Mundo. Extremadura, como tierra de sacrificio dentro de España, es la región perfecta para dejar la basura del resto. El problema de la basura no se va a solucionar construyendo vertederos bajo la necesidad inmediata del tratamiento de residuos. Se necesita un plan integral, que incluya un plan ecológico, social y económico. Sin un proceso transparente y fiscalizado por la ciudadanía, no se puede confiar en las intenciones de una empresa que busca desarrollar una actividad privada en una cuestión tan importante, que plantea problemas serios desde su misma concepción:

-Cuestión medioambiental y sanitaria. A pesar de las medidas de seguridad que se puedan implementar, existe un peligro constante en los vertederos de filtraciones de residuos a la tierra, envenenándola y contaminando los acuíferos subterráneos, que alimentan todo en entorno, tanto natural como agropecuario y humano. Este es un riesgo que no se suma a la actual escasez de agua como una amenaza grave a la zona. Los mismos residuos que afecta a la tierra y a los acuíferos son los que pueden afectar a las personas que viven en las cercanías. Los gases producidos por los depósitos, así como los residuos sólidos peligrosos, son un riesgo para la salud constante. Esto incluye las molestias con los olores derivados de los residuos, que son un riesgo tanto para la salud física como mental de los vecinos y vecinas de Salvatierra de los Barros.

-Cuestión económica. Como en otros casos, la empresa responsable tiene domicilio fiscal fuera de Extremadura: se trata de un proyecto económico foráneo que viene a usar negativamente el territorio para sacarle rendimiento económico. Ni la inversión ni los puestos de trabajo generados justifican el desarrollo del proyecto. Salvatierra de los Barros se encuentra entre las localidades con una renta más baja del país (algo común, por otro lado, a toda Extremadura); el proyecto de vertedero sólo sumaría más miseria a la comarca. Los problemas medioambientales inciden en los aspectos económicos: una comarca dedicada fundamentalmente a la industria agropecuaria, donde la potencial contaminación del medio ambiente afectaría a la cabaña ganadera y al cultivo. Supondría, además, el fin del atractivo turístico de la zona, conocida por su artesanía del barro. Esto se contradice con las últimas campañas turísticas de la Junta de Extremadura que fomentan la región como un espacio de naturaleza pura. Tampoco conviene olvidar que un complejo del tamaño proyectado requiere de unas infraestructuras (carreteras, suministro de agua, otros suministros industriales), que la zona no tiene y que no pueden soportar, y cuyo fomento saldrá de las arcas públicas en beneficio de la empresa privada y no de la ciudadanía del entorno.

-Cuestión política y cívica. La Junta de Extremadura se excusa en que simplemente dan autorización a trámite al proyecto, en la dotación de seguridad jurídica al trámite administrativo. A pesar de que a partir del pasado 6 de octubre se ha abierto el periodo de treinta días de alegaciones, esto no va acompañado de un proceso de información y diálogo con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas de Salvatierra y de la comarca que serán los afectados por el proyecto. La falta de transparencia y de publicidad del proyecto atenta contra el derecho democrático de información y participación, que la Junta de Extremadura tiene por costumbre de eludir. Este es sólo un caso más en la forma que tiene la Junta de Extremadura de conducirse en lo que se refiere al desarrollo de proyectos industriales en la región.

En consecuencia, la posición hacia el proyecto de vertedero en Salvatierra de los Barros es negativa. No se acepta dicho proyecto. La negativa de una localidad, una comarca, o toda una región, a colocar un vertedero en su zona, no responde a un intento de soslayar el problema del tratamiento de residuos, tan acuciante, y forzar a terceros, tal vez más pobres, a hacerse cargo de nuestros residuos; se trata de un esfuerzo crítico y consciente de toda la ciudadanía ante lo que representa un problema ecológico, social y económico, un problema que el poder institucional salta arbitrariamente en el proceso colectivo de toma de decisiones. Conocemos lo ocurrido con el vertedero de Nerva, donde vecinos y vecinas llevan 25 años luchando por su salud; este nuevo proyecto parece querer sustituir el vertedero de Nerva, trasladando el problema de una provincia a otra, a una región más pobre, pero pasando por alto toda implicación ambiental y social. Sin soluciones públicas e integrales, lo único que se hace es condenar a un pueblo a la miseria.