Tras conocer el informe elaborado por la Estación Biológica de Doñana, instituto público de investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la viabilidad de demoler el complejo ilegal de Valdecañas, informe que le fue encargado por el TSJEx, desde el PCE de Extremadura instamos a que se proceda cuanto antes al real y efectivo cumplimiento de la sentencia.

En el año 2006 se ponen los primeros cimientos de una urbanización para privilegiados en un paraje natural, contando para ello con el entusiasta apoyo del PSOE y el gobierno de la Junta, quienes se saltaron la Ley, su propia Ley, y permitieron la construcción de Marina Isla Valdecañas en un espacio protegido. Desde ese día, los poderosos han actuado con la impunidad de los que creen que, por tener dinero, están libres de cumplir normas y leyes.

En estos 13 años, el punto álgido de la desvergüenza se alcanza en 2011, cuando el 9 de marzo el TSJEx declara ilegal el PIR que permitió construir el resort, y ordena que los terrenos que ocupa sean restituidos a su estado primigenio. Es en ese momento cuando el PP y PSOE aprueban una reforma de la Ley Regional del Suelo que permite que el proyecto siga adelante.

Dichos partidos han dado el soporte necesario a estos oligarcas, que decidieron saltarse las leyes para construir su urbanización para privilegiados en suelo ilegal. Partidos que parecen no inmutarse ante las sentencias y que no asumen su responsabilidad ante este escándalo urbanístico.

Para los y las comunistas de Extremadura, no cabe otra opción que la del derribo de dicho resort, corriendo los responsables materiales y políticos de tamaña aberración con los gastos que se generen. Quienes deben pagar el desaguisado son los consejeros, presidentes de la Junta y diputados que con su voto permitieron esa barbaridad, así como los constructores del complejo que no dudaron en destruir el patrimonio natural de todos los extremeños para que lo esquilmaran los potentados. PP y PSOE, Ibarra, Vara y Monago, han actuado como los capataces al servicio del señorito del cortijo.

El Partido Comunista de Extremadura considera que Ibarra, Vara y Monago deben responder materialmente por la barbarie cometida.

Llevamos años sufriendo y viendo como a nuestro pueblo lo desahucian con leyes injustas que no protegen el derecho a la vivienda. Por eso mismo nos resulta ahora inconcebible ver como cuando los ricos se saltan las leyes y se decreta el derribo de los chalets, la justicia no se aplica. Esa justicia que, en palabras del legislador Solón, es una tela de araña que atrapa solo a los débiles, pero que es atravesada con facilidad por los poderosos. Esa justicia que, como las serpientes, solo muerde a los descalzos.